Con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para la vacuna COVID-19 de Pfizer, la inyección empezará a distribuirse dentro de unos días, un hito muy esperado en la crisis del coronavirus para algunos, y una fuente de preocupación para otros.

Casi la mitad de los estadounidenses, el 42%, dijo que no se pondría una vacuna gratuita aprobada por el gobierno de Estados Unidos si estuviera lista hoy, según una encuesta de Gallup realizada a finales de octubre.

Encuestas anteriores descubrieron que muchas personas reticentes a vacunarse estaban preocupadas por la seguridad de una vacuna que se desarrolló con una rapidez sin precedentes.

Pero el hecho de que mucha gente optara por no vacunarse retrasaría la inmunidad colectiva, por lo que algunos funcionarios apoyan la inmunización obligatoria.

A principios de diciembre, un miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York propuso un proyecto de ley para exigir la vacuna COVID-19 a todos los residentes que puedan recibirla de forma segura.

En noviembre, el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York recomendó al estado que considerara la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna para todos los residentes, excepto para aquellos exentos por los médicos.

En agosto, el primer ministro de Australia sugirió que la vacuna sería obligatoria en su país, pero más tarde se retractó de esos comentarios.

Ese mismo mes, en Virginia, el comisionado de salud dijo que planeaba imponer la vacuna, pero una portavoz del gobernador del estado dijo más tarde que no había planes para hacerlo, informaron los medios locales.

¿Puede el gobierno federal obligar a los estadounidenses a vacunarse?

Un miembro clave del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca aseguró que no lo hará. El Dr. Anthony Fauci dijo que «definitivamente no» apoyaría un mandato nacional de la vacuna COVID-19.

«No se quiere imponer un mandato e intentar obligar a nadie a vacunarse. Nunca lo hemos hecho. Se puede imponer a ciertos grupos de personas, como los trabajadores sanitarios, pero no se puede imponer a la población en general», dijo Fauci en agosto.

«No queremos que el gobierno federal imponga obligaciones a la población en general. Sería inaplicable y no sería apropiado».

Es una historia diferente para las órdenes emitidas por los estados, las ciudades o las empresas, pero incluso en ese caso, la vacunación obligatoria no sería una vacunación forzada.

«Nadie está hablando de ir a tu casa, retenerte y vacunarte», dijo a TODAY Dorit Reiss, profesora de derecho en el Hastings College of the Law de la Universidad de California en San Francisco.

Rehusarse a seguir un mandato podría significar una multa, un impuesto u otra sanción, dijo Reiss, que estudia cuestiones legales y políticas relacionadas con las vacunas.

Esto es lo que hay que saber sobre la vacuna COVID-19 y la legislación estadounidense:

¿Puede el gobierno federal imponer la vacuna a la población en general?

Casi seguro que no, dijo Reiss. Tiene poderes limitados que se detallan expresamente en la Constitución; el resto pertenece a los estados.

Pero el gobierno federal tiene algunas formas de hacer que la gente se vacune, imponiéndola como condición para obtener un pasaporte, por ejemplo.

Eso no ha sucedido antes, pero tal requisito estaría dentro de los poderes del gobierno federal, señaló Reiss.

¿Pueden los estados o las ciudades imponer una vacuna?

Los estados tienen la autoridad para regular la salud pública y en el pasado han impuesto vacunas. El caso clásico en esta área de la ley, Jacobson v. Massachusetts en 1905, fue decidido por la Corte Suprema después de un brote de viruela.

Las ciudades también tienen poderes: En 2019, la ciudad de Nueva York exigió a las personas que viven en cuatro códigos postales en Williamsburg, Brooklyn, que se vacunen contra el sarampión, que demuestren que ya lo han hecho o que se enfrenten a una multa de 1.000 dólares.

Pero cualquier mandato de vacunación debe ser razonable, proporcional y aplicarse de manera no discriminatoria, dijo Reiss. Espera que los puntos calientes de COVID-19 hagan que la vacuna sea un requisito para sus residentes.

¿Puede hacerse obligatoria la vacuna para ciertos grupos de personas?

Sí, los trabajadores sanitarios son el ejemplo clásico. Los hospitales suelen exigir a parte del personal que se vacune contra la gripe o la hepatitis B.

Las universidades pueden obligar a los estudiantes, al profesorado y al personal a vacunarse contra ciertas enfermedades antes de entrar en el campus. Las escuelas pueden tener los mismos requisitos para los niños.

¿Puede un empleador despedirte si te niegas a vacunarte?

Sí, con algunas excepciones.

«Es perfectamente legítimo que un empleador regule para hacer el lugar de trabajo más seguro», dijo Reiss. «Ciertamente, pueden despedirte si no quieres seguir las normas de salud y seguridad».

Los empleados que forman parte de un sindicato pueden estar exentos del requisito de la vacuna.

Las leyes antidiscriminatorias también establecen algunos límites. Si no puede vacunarse por razones médicas, eso podría constituir una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que exigiría a un empleador que se adapte a usted. Eso podría significar exigirle que lleve una máscara en el trabajo o que tenga un contacto limitado con otras personas, dijo Reiss.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 puede proteger a las personas que tienen una objeción religiosa a una vacuna. Un empleador tendría que hacer un ajuste razonable siempre que no sea demasiado costoso para el negocio.

Estas leyes se aplican sólo a las empresas con 15 o más empleados, por lo que las empresas más pequeñas están exentas.

«Pensamos en los empleadores como esta cosa enorme y amorfa, pero bajo la ley, también son entidades privadas con derechos, especialmente si se trata de una pequeña tienda de mamá y papá», señaló Reiss.

¿Pueden las aerolíneas, los restaurantes, las tiendas y los estadios poner la vacuna como condición para hacer negocios con ellos?

Sí, dentro de las leyes antidiscriminatorias mencionadas anteriormente.

«Pueden decidir negarte el servicio por prácticamente cualquier motivo», dijo Reiss, señalando una política con la que la mayoría de los compradores ya están familiarizados: sin camisa, sin zapatos, no hay servicio.

Las personas que están cubiertas por las leyes antidiscriminatorias no pueden exigir a una empresa que les deje hacer lo que quieran. La empresa sólo tiene que hacer un ajuste razonable, por lo que una tienda podría negarles la entrada pero ofrecerles la recogida de la compra en la acera.

Dado el rechazo al uso de mascarillas, Reiss sospecha que muchos negocios no tendrán un mandato de vacunación porque es difícil de aplicar.

«Hay gente a la que no le gustan los mandatos, y punto, y esto tampoco les gustará», dijo Reiss.

«Espero que también haya muchos trabajadores que estén agradecidos de que su empleador esté tratando de hacer el lugar más seguro para ellos y para los demás».