Decenas de miles de personas pueden haber muerto durante la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte en Filipinas, según un informe condenatorio de la ONU que advierte de la «impunidad» y pide una investigación independiente sobre los abusos.

La ofensiva contra el narcotráfico en Filipinas, lanzada por el presidente tras ganar las elecciones de 2016 con la promesa de librar al país de las drogas, parece haber dado lugar a ejecuciones extrajudiciales «generalizadas y sistemáticas», dice el informe.

Añade que la retórica de los más altos funcionarios ha envalentonado potencialmente a la policía para que se comporte como si tuviera «permiso para matar».

El informe, la condena más enérgica de la ONU hasta el momento sobre los recientes abusos cometidos en el país, afirma que existe «un enfoque global sobre el orden público y la seguridad nacional», a menudo a expensas de los derechos humanos, las garantías procesales, el Estado de derecho y la rendición de cuentas.

«A pesar de las denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas en el contexto de la campaña contra las drogas ilegales, ha habido casi impunidad para tales violaciones», dice el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Desde mediados de 2016 en Filipinas sólo ha habido una condena por el asesinato de un sospechoso de drogas en una operación policial. El informe dice que la policía allana regularmente casas y propiedades privadas sin órdenes judiciales, y obliga sistemáticamente a los sospechosos a hacer declaraciones autoinculpatorias o a arriesgarse a la fuerza letal.

Testigos, familiares, periodistas y abogados dijeron que temían por su seguridad y describieron una situación en la que «los obstáculos prácticos para acceder a la justicia dentro del país son casi insuperables».

El gobierno niega que exista una política para matar a las personas que consumen drogas y afirma que todas las muertes se producen durante operaciones policiales legítimas.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, calificó los testimonios de desgarradores. «Las personas que consumen o venden drogas no pierden sus derechos humanos», afirmó.

El informe también alerta sobre el vilipendio de la disidencia, añadiendo que los ataques contra los supuestos críticos se están «institucionalizando y normalizando cada vez más de una forma que será muy difícil de revertir».

El gobierno ha presentado cada vez más cargos penales contra las personas que critican al gobierno en Internet, incluso utilizando las leyes de poderes especiales de Covid-19. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también documentó que, entre 2015 y 2019, al menos 248 defensores de los derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y sindicalistas fueron asesinados en relación con su trabajo.

El informe dice que no pudo verificar el número de ejecuciones extrajudiciales durante la represión antidroga sin una mayor investigación. Afirma que las cifras del gobierno indican que al menos 8.663 personas han sido asesinadas, pero algunas estimaciones sitúan la cifra en el triple.

Amnistía describió el informe como «un paso vital» hacia la rendición de cuentas.

Los grupos de derechos humanos hacen cada vez más llamamientos para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -que tiene previsto celebrar una sesión sobre Filipinas este mes- ordene una nueva investigación independiente sobre los abusos cometidos en Filipinas, como ha hecho en Myanmar y Venezuela.

«Al igual que la ONU, estamos profundamente preocupados por la total impunidad de la que gozan quienes han perpetrado estos crímenes», ha declarado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía para Asia y el Pacífico.

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